Legislativas
Nueva prórroga para evitar desalojo de pequeños productores
15/11/2017. El proyecto, del FPV y P,J se aprobó anoche en Diputados.
La Ley 7658, denominada Programa de Regulación Dominical para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales, fue sancionada originalmente y promulgada originalmente en 2010.
El artículo 9 de esa ley, varias veces prorrogado, suspende las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.
La última prórroga de ese artículo venció en julio de este año. En abril, previendo que el vencimiento de la ley traería inconvenientes a pequeños productores que tienen conflictos judiciales por la titularidad de sus tierras, Diputados sancionó una nueva extensión del plazo, por tres años más.
El Senado no trató el proyecto, sino hasta el receso legislativo y en medio del receso judicial de invierno, a cuya vuelta tendrían ejecución todas las sentencias pendientes, modificó la decisión de Diputados, imponiendo un plazo solo hasta el 31 de diciembre de este año.
El 11 de julio, en sesión convocada durante el receso legislativo, Diputados debió aceptar los términos del Senado, ya que la ley estaba vencida desde el 7 de julio, con el Poder Judicial en feria y dispuso además, crear una comisión bicameral de seguimiento.
Anoche, los diputados dispusieron que, al vencimiento del el próximo 31 de diciembre, ese plazo prorrogará por un año más.
“La suspensión de los desalojos no puede ser una solución permanente”, dijo el diputado Lucas Godoy y recordó que la finalidad de la ley no es esa, sino el reconocimiento de derechos a familias rurales y pequeños productores, para que puedan crecer mediante créditos o programas.
“Pueden ser poseedores inmemoriales, pero sin embargo tiene problemas porque apareció un titular dominial que los restringe, entonces esa situación debe ser bien analizada y mientras no esté bien terminado el registro que se crea, creemos que el plazo cebe ser prorrogado”.
El Partido Obrero presentó un dictamen en minoría que proponía una prórroga de 3 años.