Por denuncia de AFIP, la Justicia Federal investiga la gestión de Miguel Isa
Política
09/10/2018. El organismo de control amplió la denuncia por la administración de gastos reservados y el Juez Federal, Miguel Medina, comenzó a citar a testigos.
En 2012 el entonces concejal, Carlos Zapata, denunció ante la Justicia Federal por el delito de evasión fiscal a funcionarios municipales tras considerar que existía un mecanismo para hacerse de fondos de las partidas destinadas a subvenciones y becas, administradas por el Concejo Deliberante.
Tras la denuncia, AFIP intervino y denunció penalmente a la Municipalidad de Salta. En 2012 el jefe comunal era Miguel Isa, y según declaraciones de Zapata, estarían implicados –por acción u omisión- Gustavo Sáenz, Tomás Salvador Rodríguez, Matías Cánepa y César Álvarez.
“En la denuncia solicité que se investigue la presunta comisión de ilícitos fiscales al ejecutarse la partida Subsidios, Subvenciones y Becas. En aquel momento consideré que cerca del 50% de las sumas involucradas se destinaban a pagar probablemente sobresueldos a funcionarios y/o concejales, o para hacer adquisiciones, violando las normas previsionales e impositivas”, explicó Zapata a FM Profesional, tras ratificar y ampliar su denuncia ante el fiscal federal Eduardo Villalba, causa que tramita el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Miguel Medina.
El punto de partida de la denuncia fue “cuando el actual diputado provincial y ex presidente del Concejo Deliberante, Tomás Salvador Rodríguez, se acercó y me quiso pagar una suma de dinero sin presentar ninguna documentación”, recordó Zapata.
“A partir de las investigaciones del organismo de recaudación, de acuerdo a entrecruzamientos con las cuentas del municipio y el Banco Macro, se logró determinar que desde la comuna giraron alrededor de 10 millones de pesos que no fueron declarados”, dijo Zapata.
Las denuncias también se presentaron en Ciudad Judicial, pero la justicia provincial archivó algunas y cajoneó otras, dijo Zapata y celebró que la Justicia Federal tome una actitud distinta.
La investigación aun no cuenta con imputados pero, atendiendo la rigurosidad ante los delitos por corrupción que hacen desfilar funcionarios y exfuncionarios por los pasillos de Comodoro Py, en Capital Federal, quizás los tribunales de calle Dean Funes también entren en sintonía.
