El fiscal federal Carlos Amad informó por Profesional los avances en la investigación. Los acusados cobraban un porcentaje de la pensión que facilitaban.
Tras una investigación liderada por el fiscal federal Carlos Amad, se imputó a 13 personas, entre ellas funcionarios y médicos, por el hallazgo de una red de corrupción en Taco Pozo. Según detalló por Profesional, la misma comenzó a principios del 2023 y se detectaron 740 pensiones no contributivas otorgadas con certificados de discapacidad truchos.
Uno de los imputados es el salteño Rafael Lenín Azañero Anaya, exdirector del Hospital Oscar Costas de Joaquín V. González, quien desde su consultorio particular en esa localidad extendió, como médico especialista en traumatología, varias de las certificaciones implicadas.
Incluso, Amad informó que el intendente de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibáñez, otros funcionarios de ese municipio, agentes de la Anses y tres ex directores del Hospital Santa Rosa de Lima también están imputados por fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsedad ideológica en instrumentos públicos y como miembros de una asociación ilícita. En total, son 13 las imputaciones.
Amad explicó que se realizaron allanamientos y se encontraron cuadernos con anotaciones, de los cuales una de las imputadas quiso deshacerse. Allí, había nombre y apellido de los beneficiarios, monto pagado, monto adeudado, clave de seguridad social, entre otros.
“Estas personas no se quedaban el dinero. Lo que hacían era falsificar certificados para que le den una pensión a un beneficiario, y de esa pensión sí recibían un retorno”, detalló.
En conclusión, Amad informó que son 13 los imputados por el momento: junto al intendente Ibáñez y los médicos Rojas y Anaya están imputados Gabriela Estefanía Ibáñez Gelabert (funcionaria de la Anses e hija del jefe comunal); Miguel Angel Bilinski (exdirector del Hospital Santa Rosa de Lima); Marcela Patricia Peralta (actual directora del citado hospital); Eva Caro (empleada del INSEEP), María Estela Luna (secretaria médica de Rojas que llevaba las anotaciones de diagnósticos y cobros en tres cuadernos secuestrados), Florencia Jaimes (hija de María Luna) y tres agentes municipales: Rocío Arias, Rodrigo Arias y Antonio Ibáñez.
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