Carlos Barraza trabaja en el área contable del sector consular. Por el robo de los 90 mil dólares de la cuenta que ocurrió hace una semana, agentes de la temible policía política del régimen se lo llevaron anoche de su casa. Lo soltaron hoy después de que tomara estado público el hecho.
Carlos Barraza hace más de 20 años que trabaja en la sección consular de la Embajada argentina en Caracas. Es venezolano y, al igual que antes su padre, era un empleado local valorado por aquellos que ejercieron alguna función en ese destino.
Anoche, fue sacado de su casa de manera brutal por agentes de la temible policía política de la dictadura de Nicolás Maduro, el SEBIN, y generó una enorme preocupación tanto en la Cancillería argentina como en la diplomacia de Brasil, que actualmente representa nuestros intereses ante el régimen chavista. Tras difundirse el caso e intensas gestiones diplomáticas, fue liberado este sábado.
Todo empezó con el argumento del robo de hace días. Desapareció una abultada cifra en bolívares -unos 90 mil dólares- de la cuenta que tenía la embajada en Caracas y que eran utilizados para los gastos de funcionamiento de la Embajada, el Consulado y la residencia del embajador, donde hoy por hoy están refugiados seis militantes de la corriente de María Corina Machado que tienen orden de captura y que si pisan fuera del lugar serán arrestados.
Con ese argumento, con la excusa de la investigación por el dinero depositado en el Banco Nacional de Venezuela, agentes del SEBIN detuvieron a una empleada local, que luego fue liberada a las horas, pero también a Barraza, de quien no se supo nada durante más de un día. La preocupación es que tampoco figuraba su nombre con orden de detención formal en fiscalías de Caracas. Hacía temer un virtual secuestro.
En el marco de ese choque diplomático, la dictadura de Maduro y Diosdado Cabello ordenó la expulsión en tres días de todos los diplomáticos argentinos. A horas de que se venciera el plazo, todo el personal argentino abandonó el país, tras una operación que contó con el apoyo de varios países. Como ocurrió en la guerra de Malvinas, en 1982 en Londres, el gobierno brasileño aceptó representar los intereses argentinos y extender su inmunidad y protección. Es que en la residencia del Embajador, están seis perseguidos políticos que tienen orden de detención por el simple hecho de ser opositores y expresar sus ideas políticas.
Ante la falta de información oficial sobre la suerte del empleado, se especuló con que hubiera sido una víctima más de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela y que se profundizaron a partir de la derrota aplastante en las últimas elecciones presidenciales, que siguen negando a pesar del reclamo de la comunidad internacional. De acuerdo a la información que se manejó en estricta reserva, hubo consultas y averiguaciones diplomáticas discretas para averiguar el paradero del funcionario. “Estuvieron de varios países preguntando por él”, revelaron.
Fuente: Infobae
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