Sobresalen dos aspectos: se elimina la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas.
Es considerado el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, aprobado la madrugada de este miércoles con 86 votos a favor y 41 en contra. A partir del próximo año, los magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por voto popular en unas elecciones.
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, los senadores del bloque oficialista consiguieron los votos necesarios para aprobar los cambios a la Constitución en medio de un fuerte debate con la oposición.
La reforma es considerada una parte fundamental del legado que dejará el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 30 de septiembre terminará su mandato y entregará el bastón a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
El proyecto ha sido objeto de duras críticas de la oposición y de organizaciones especializadas. Se ha votado en medio de un inédito paro indefinido de miles de trabajadores y jueces del Poder Judicial.
La reforma fue presentada al Congreso en febrero, cuando la coalición gobernante, Morena, no contaba aún con los votos necesarios para aprobarla. Pero con la amplia mayoría que obtuvo el bloque oficialista en las elecciones del 2 de junio, consiguieron los votos de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y los 86 necesarios en el Senado.
En qué consiste
Lo más polémico y novedoso de la reforma es la elección por voto popular de magistrados y jueces del sistema federal, que son casi 2.000 personas, a partir del próximo año.
La propuesta es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos sobre las cuales vote la gente.
El texto plantea que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección.
El proyecto de ley incluye disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros, además de reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral.
También contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027.
La eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente son otras de las medidas que forman parte del proyecto.
Quienes se oponen a la enmienda sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas “politizará” la justicia. Es decir, que, en vez de aumentar la independencia y transparencia de los jueces, la reforma favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por mérito.
Una de las críticas que más se repite es que la nominación de los candidatos favorecerá a quienes tienen una red de contactos, cuentan con financiamiento o son políticamente afines al oficialismo.
También hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia (aunque eso, de muchas maneras, ya ocurre).
Fuente: BBC
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