“Con lo que hay, podríamos aumentar 10% a los docentes”, sostuvo el funcionario nacional. La semana que viene se tratará el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, aseguró este sábado que “con lo que hay, se podría aumentar 10% a los docentes” en una crítica a la administración de recursos por parte de las universidades públicas. Sus declaraciones surgen dos días después del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y tres de la masiva marcha universitaria. “Esos recursos se podrían invertir mejor”, sostuvo en declaraciones radiales.
Torrendell reclamó que la falta de información y registro de estudiantes en las casas de altos estudios. Antes de la movilización, el secretario ya había puesto en duda la cantidad de alumnos. “Del 100% de alumnos de las universidades nacionales, el 40% está registrado como que cursa dos materias o más. El 20% es una materia o menos, que supongo que será media al ser cuatrimestrales. Hay casi un 40% de alumnos que no tenemos registrado si están o no inscriptos en materias. El sistema universitario argentino, que hace cosas notables, no puede contar si los alumnos están inscriptos o no en materias”, señaló en Radio Mitre.
También sostuvo que las universidades deberían acompañar a los estudiantes: “Hay que invertir los recursos en sistemas de becas, en apoyos, justamente para que puedan viajar”. “Los recursos los tienen que asignar para esto y no, por ejemplo, para multiplicar comisiones de la misma materia y que después tengas diez alumnos promedio por aula porque vos multiplicas muchas veces cargos docentes por intereses partidarios o por otras razones. Te puedo asegurar que con estos mismos recursos… más allá que, por supuesto, hay que aumentar los salarios, en todo eso estamos de acuerdo y nadie lo negó nunca. Pero más allá de eso, hoy esos recursos se podrían invertir mejor. Continúen y aprendan”, agregó.
“Yo estoy muy convencido que en un análisis serio, como mínimo hoy, con lo que hay, podríamos aumentar 10% a los docentes”, afirmó, y sumó: “Hay una muy mala inversión de los recursos en las universidades que vamos a tener que mejorar entre todos. No es una guerra. Tenemos que gastar bien para que le lleguen a los que menos tienen y para que la gente aprenda”.
El secretario también se refirió al tratamiento del veto presidencial en el Congreso, que comenzará con una sesión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles, tras el pedido de una mayoría de la oposición. Ahí, mandó un mensaje al Pro, uno de los principales aliados del oficialismo en la Cámara baja: “Yo creo que el Pro, o al menos su mayoría, va a entender que efectivamente esto es lo razonable y va a encontrar la solución que está a mano”. Allí criticó a los miembros del Parlamento: “El Congreso pudo haber hecho una cosa que no hizo y que esperemos que lo haga para el año que viene, que es precisamente aprobar un aumento para las universidades con los fondos que tienen que estar. O sea, cumpliendo con el déficit cero, sacarle a otro sector para agregar a las universidades”.
“El diálogo es permanente, no hay ningún diálogo cortado. El lunes tenemos comisión técnica, la semana pasada tuvimos reuniones formales e informales. La salida no es tan compleja. Es sencillamente que la ley hubiera asignado recursos sobre la base de recortes de otros recursos. Nosotros con los aumentos últimos que hemos dado, la proyección que se presentó para el presupuesto del año que viene, que se envió en agosto, ya está quedando corta. Por lo tanto, el Congreso va a tener que aumentar recursos para universidades, lo puede hacer, tendrá que disminuir otros gastos y aumentar eso. El diálogo es permanente y tiene soluciones a la vista sin ningún problema”, explicó.
El conflicto entre las universidades y el Gobierno
La discusión desde las universidades públicas con la gestión libertaria escaló a su punto cúlmine esta semana. El miércoles ocurrió la segunda marcha universitaria, convocada por la comunidad académica y apoyada por agrupaciones universitarias, partidos políticos y gremios. Su convocatoria planteaba un rechazo al entonces inminente veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
Dicha ley obtuvo su sanción el 12 de septiembre en el Senado, a donde llegó con la aprobación de la Cámara de Diputados. La legislación implicaba una recomposición del presupuesto de las universidades nacionales y los salarios de docentes y no docentes a través de su actualización por inflación. Tras su sanción fue que trascendió que Milei buscaría vetarla con la misma justificación que usó para vetar la ley que aumentaba las jubilaciones: que afectaba directamente el objetivo de déficit cero y equilibrio fiscal. Y así fue. Mientras tanto, legisladores de la oposición argumentaban que el proyecto tenía un bajo costo fiscal, de solo un 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).
Dichas presiones del Gobierno desembocaron en la marcha que tuvo una masiva convocatoria, algo que desde Casa Rosada calificaron como una protesta politizada. Esta fue la segunda manifestación en defensa de las universidades. La primera ocurrió en abril también en búsqueda de una actualización de los salarios y el presupuesto por inflación y para protestar contra los recortes en el financiamiento.
Cuatro días antes de la segunda marcha universitaria, Torrendell comenzó a poner en duda el número de estudiantes y que el Ministerio de Capital Humano aseguró que “el conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo”.
Fuente: La Nación
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