Por Profesional, explicaron que a veces no condice la realidad contextual con el criterio médico, por lo tanto, en Salta trabajan para que un juez pueda disponer.
La Curadora Oficial del Ministerio Público Pupilar, María José Miranda, destacó por Profesional que existe una falsa creencia de que la legislación vigente desde 2010 impide la internación de personas descompensadas y que se niegan a acceder a un tratamiento para sus problemas de consumo o patologías mentales. La profesional se refirió al tema por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemorará el 10 de octubre.
En éste aspecto, destacó que la Ley de Salud Mental “establece claramente que existe una internacional voluntaria y una internacional involuntaria, lo que cambió es que el juez no puede ordenar una internación involuntaria, pero si lo puede disponer el equipo de salud cuando la persona está descompensada”.
De todas maneras, advirtió que la misma norma también habilita que un juez pueda ordenar la internación involuntaria, aún si el equipo de salud niega que una persona la necesite, en los casos en que se pueda acreditar que es lo indicado a través del informe de un equipo interdisciplinario.
Al hacer un balance de los 14 años de vigencia de la Ley de Salud Mental, María José Miranda, indicó que provocó “un quiebre positivo” en el reconocimiento de derechos de las personas cuya salud mental se encuentra afectada.
Explicó que, antes de su puesta en vigencia, para el Estado argentino la situación de una persona afectada en su salud mental “era blanco o negro. O estabas sano o estabas insano, y se te declaraba incapaz absoluto y se te designaba un curador. Vos dejabas de existir como persona en el mundo del derecho, en la vida civil y una tercera persona te sustituía totalmente y tomaba todas las decisiones por vos”.
La Curadora Oficial afirmó que a partir de la Ley de Salud Mental se reconoce al paciente como un sujeto pleno de derecho, y “el objetivo es que la persona tome sus propias decisiones, y en aquellas situaciones en que no pueda, las tome con apoyo”.
De todas maneras, Miranda afirmó que aún resta aplicar en su totalidad la ley. En este aspecto remarcó que la norma establece la eliminación de manicomios, algo que todavía no se pudo concretar porque los hospitales generales aún no cuentan con infraestructura para brindar un servicio de salud mental adecuado.
Otro tema que destacó es que se debe destinar el 10 por ciento del presupuesto de salud al área mental. Finalmente, María José Miranda señaló que todavía resta crear un Órgano de Revisión y designar abogados especializados en los centros de salud mental, que son figuras que la Ley establece para llevar un control más estricto de las internaciones involuntarias.
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