Playa de transferencia de cargasRealizaron la audiencia pública para actualizar el uso de casi 900 hectáreas en la ciudad

El convenio prevé, entre otros proyectos, la implementación de una playa de transferencia de cargas, tal como establece el PIDUA II.

Este martes por la mañana, en el Teatro Municipal, se celebró la audiencia pública para la actualización del uso de 868 hectáreas en la ciudad. El convenio público-privado contempla varios proyectos, entre ellos la construcción de una playa de transferencia de cargas.

El objetivo es lograr multifocalidad y usos que cooperen al modelo de la ciudad de 15 minutos disminuyendo necesidad de traslados.

‘’Con la actualización de usos se logrará incrementar el área de reserva y parque generando además la posibilidad de uso público. Esto posibilitará la ubicación de la playa de transferencias de cargas y además dotará al sector de usos mixtos que cooperen a la disminución de traslados de las grandes zonas residenciales que se localizan en el área de influencia directa’’, explicó la coordinadora general de Planificación Territorial, Mariana Zoricich, que fue una de las encargadas de presidir el encuentro.

A partir de la celebración de este Convenio, la Municipalidad obtendrá los siguientes beneficios para sí misma y para sus habitantes:

a) Un avance sustancial hacia la concreción y funcionamiento del nodo logístico para la transferencia de cargas, proyecto previsto en el PIDUA II y de imperiosa necesidad y urgencia.

b) La compensación de las plusvalías generadas a los iniciadores por la valorización de sus propiedades y por obras que se estipulan en las cláusulas:

• Aproximadamente 295 hectáreas para la conformación de un Parque Natural denominado Parque de Montaña, componente del Sistema de Espacios Abiertos municipal.
• Aproximadamente 19,5 hectáreas del distrito Parque Natural Fuelle Verde, espacio verde concebido como ingreso al Parque de Montaña.
• Aproximadamente 8 hectáreas cedidas para uso institucional de la Municipalidad.

c) La habilitación de 55 hectáreas para uso residencial, con garantía normativa de ser destinadas exclusivamente a la realización de desarrollos orientados a sectores de ingresos moderados o bajos a través de la oferta de terrenos o viviendas asequibles.

A la audiencia asistieron 80 personas, del sector público, entre ellos los concejales Abel Ramos y Ángel Ortiz, activistas ambientales, técnicos y profesionales del sector privado, representantes del centro vecinal Arturo Torino, Canillitas, El Mirador y Las Colinas, Colegio de Arquitectos, IPV, Ente regulador, el Secretario de Ambiente Martin Miranda y la Subsecretaria de gestión ambiental Ing. Emilse Arias.