El Gobierno peruano clasifica a las personas trans como enfermos mentales

Este viernes 17 de mayo se cumplirán 34 años desde que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

En la víspera de esta fecha, el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú publicó el viernes pasado un decreto que hace retroceder al país en la lucha contra la discriminación y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, al considerar que sufren problemas de salud mental por sus identidades.

El decreto, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, consiste en una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), documento que contiene una lista detallada de las condiciones, intervenciones y atenciones que son financiadas a todos los asegurados y que rige en los centros de salud públicos y privados de Perú.

Sin embargo, el Ministerio de Salud incorporó nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento, basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), que quedó caduca en 2022 al entrar en vigencia una versión actualizada, la CIE-11.

De tal manera que “el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” han sido consignados ahora en el capítulo de problemas de salud mental, en la cobertura de aseguramiento del país andino a pesar de que la OMS excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace dos años.

“Tardó 28 años en eliminar a las identidades trans de la misma categoría. No retrocedamos un día más”, se pronunció tajante el colectivo Más igualdad Perú.

Ante la ola de críticas, el Ministerio de Salud emitió un comunicado contradictorio: sostienen que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, pero no se retractan ni realizan una autocrítica. Justifican el decreto, aduciendo que es para “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental” y que el “CIE-10 todavía se mantiene vigente en el país, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región”.

“El Minsa reafirma categóricamente el respeto de la dignidad de la persona y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio”, finaliza el oficio.