La Cámara de Diputados de la provincia dio este martes sanción de ley al proyecto enviado por el Ejecutivo que dispone la intervención al municipio de Rivadavia Banda Norte, conocido también como Estación Morillo o Coronel Juan Solá.
El intendente de Morillo, Miguel Atta Gerala está detenido e imputado por la justicia federal, en una causa por saqueo de piezas ferroviarias que fueron vendidas al Estado Plurinacional de Bolivia.
La situación configura la previsión del artículo 179° inciso 2) de la Constitución provincial, en cuanto establece que “La Provincia puede intervenir a alguno o a todos los Poderes Municipales para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional”.
El proyecto de intervención, con la firma del gobernador Gustavo Saénz, ingresó este lunes por la Cámara de Senadores, que lo trató y aprobó por unanimidad, en sesión especial durante la mañana.
Al no contar con dictamen, el pleno del Senado fue puesto en comisión y al momento del tratamiento, la totalidad de los expositores que apoyaron la iniciativa del Ejecutivo, lamentó tener que tomar la decisión, dejaron en claro que no se juzgan los hechos que son investigados por el poder judicial, sino que se trata de una decisión política que busca garantizar la institucionalidad.
El Senado tomó como dictamen las expresiones de los expositores y el proyecto fue aprobado.
Ya por la tarde de este martes, previo al tratamiento del Acta habitual de labor parlamentaria la Cámara de Diputados se abocó a considerar la media sanción el Senado .
Se pifió la incorporación del expediente al Boletín de Asuntos Entados, así tomó estado parlamentario, tras lo cual se requirió el tratamiento sobre tablas, es decir sin dictamen de comisión.
Al igual que el Senado, la cámara de Diputados pasó al estado de comisión.
Hablaron 11 diputados, muchos de los cuales lamentaron la decisión que debían tomar,
Aunque valoraron la utilización del mecanismo institucional disponible, lamentaron también la reiteración de hechos similares en otros municipios a lo largo de este año, lo que pone en tela de juicio la probidad y la transparencia, afectando al sistema democrático.
El proyecto con sanción de ley pasó al Ejecutivo, que deberá designar el interventor, que tendrá funciones hasta el mes de diciembre de 2025.
Cargando ...
Comentar