Los acuerdos sellados en el Senado también beneficiaron a las tabacaleras del norte y al sector minero, que lograron seducir a una porción del kirchnerismo; la trastienda del debate en el recinto.
Un viraje radical en la estrategia del oficialismo fue la llave para la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Con la llegada del ministro coordinador, Guillermo Francos, el Gobierno se sentó a negociar con la oposición y, después de múltiples concesiones, logró destrabar los acuerdos para avanzar con la sanción definitiva de los proyectos fundacionales de Javier Milei. Este proceso dejó ganadores y perdedores que buscarán sellar o revertir su suerte en Diputados, cuya definición culminará un largo proceso parlamentario.
Condicionado por la necesidad de exhibir gobernabilidad, la Casa Rosada festejó el aval de la Cámara alta a pesar de haber perdido puntos nodales de las iniciativas: la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, la reconfiguración de Bienes Personales y la posibilidad de vender a privados Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino
En tanto, pudo salvar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, administrativa y energética; así como el resto del paquete de privatizaciones. También logró evitar un revés en el blanqueo –que se aprobó por unanimidad– y en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que obtuvo 38 votos entre radicales, macristas, libertarios y hasta kirchneristas. Para ello, el Gobierno tuvo que ceder ante pedidos concretos de senadores del norte, sur y centro de país.
En el RIGI se introdujo una modificación crucial. Este esquema ya no podrá ser aplicado a “cualquier sector que cumpla los requisitos previos”, sino que se acotó a los siguientes: forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Esta restricción se encontraba en la primera Ley Bases que envió el Gobierno –que Diputados cambió–, aunque ese texto contenía un sector que ahora fue excluido: el agroindustrial.
Fuente: La Nación
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