La Ley es de 2002Al final no modificarán la Ley que prohíbe ejercer a los abogados que son diputados

Por Profesional, el exdiputado y exmiembro de la Corte de Justicia provincial, Alejandro Saravia, se refirió al proyecto que buscaba modificar una ley de 2002, que prohíbe a legisladores y funcionarios, defender a imputados frente al Estado.

Dentro de los proyectos a debatirse en la sesión de la semana pasada de la Cámara de Diputados de Salta, figuraba la modificación a una ley de 2002, que prohíbe a abogados, que cumplen una función en el Legislativo o en el Ejecutivo,  “representar o patrocinar, en ejercicio de su profesión a terceros que peticionen o pretendan hacer valer derechos de cualquier clase ante los poderes públicos de la Provincia o sus municipios”.

Finalmente, al parecer el proyecto cayó y no prosperó, por lo que la Ley sigue vigente. Al respecto, se refirió por Profesional el exdiputado y exmiembro de la Corte de Justicia provincial, Alejandro Saravia, quien defendió la norma vigente.

El profesional fundamentó que la profesión del abogado tiene una “vinculación estratégica” con el Estado. Tanto es así, que por ejemplo, en cada una de las reparticiones estatales, hay un abogado como asesor letrado; “no hay un bioquímico o un médico”, explicó Saravia.

Además, contó que él mismo presentó un proyecto similar cuando fue diputado entre 1987 y 1991. En aquel entonces, el documento fue impulsado porque Saravia observó que algunas demandas contra el Estado, en la que un diputado abogado era querellante o defensor, esperaban a las jugadas políticas del mismo legislador dentro de la Cámara, para solucionarse o darse curso legal.

El propio articulado estipula que los abogados que cumplan la función de “Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, Ministros del Poder Ejecutivo, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales o provinciales e intendentes y concejales municipales” no podrán “representar o patrocinar, en ejercicio de su profesión a terceros que peticionen o pretendan hacer valer derechos de cualquier clase ante los poderes públicos de la Provincia o sus municipios”.