El juez federal expuso durante más de ocho horas y respondió cuestionamientos a su idoneidad moral pero evitó entrar en confrontaciones; ante el planteo de senadores de UP sobre el tribunal, evitó pronunciarse, y dijo que debería haber una mujer como integrante.
El juez federal Ariel Lijo aseguró que cumple con todos los requisitos que exige la Constitución Nacional para ejercer el cargo y rechazó por infundadas las impugnaciones a su idoneidad técnica y moral durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdo del Senado en la que defendió su nominación para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ante las críticas del kirchnerismo al tribunal, el postulante evitó defenderlo y compartió los señalamientos por uno de sus fallos.
Lijo se presentó ante los senadores “como un trabajador judicial” y expuso durante más de ocho horas. Al término de la reunión, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), dijo que quedaba habilitado el dictamen para que lo firmaran aquellos que apoyaran la postulación de Lijo.
En realidad, el dictamen todavía no existe, ya que ningún miembro de la bancada oficialista redactó el texto con los fundamentos que respalden la designación de Lijo en el máximo tribunal. Todo indica que eso ocurriría el miércoles próximo,, después de la audiencia pública a la que deberá someterse Manuel Garcia-Mansilla, también propuesto por Javier Milei para integrar la Corte Suprema.
En su presentación en el Senado el juez federal debió responder algunos duros cuestionamientos a su persona y a su actuación como juez federal formulados por un puñado de senadores del Pro y la UCR y el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), que cargaron las tintas en la demora en la resolución de causas que involucran denuncias por corrupción, la tasa de baja efectividad en resolución de expedientes de su juzgado y en la contradicción entre su discurso en favor de la igualdad de género y el hecho de haber aceptado una candidatura para ocupar un cargo que dejó vacante una mujer
“En 20 años como juez federal no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura, nunca, ni una sola sanción”, exclamó Lijo ante el enésimo embate que puso en duda su desempeño como juez, eje sobre el que hicieron hincapié los senadores Carmen Alvarez Rivero (Pro-Córdoba) y los radicales Carolina Losada (Santa Fe) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego). “Cumplo con todos los requisitos que están en la Constitución y creo que estoy en condiciones de hacer muchos aportes, no sólo en la función jurisdiccional sino en otra función que tiene ver con estos 20 años de experiencia en el Poder Judicial y de tener contacto con las personas y no sólo con los expedientes de papel”, remató.
Losada también cuestionó su postulación al decir: “No considero que sea idóneo para el cargo y creo que pone en peligro a la Nación argentina una persona con sus características en el máximo tribunal de justicia”, dijo la senadora, que también manifestó su rechazo por la falta de mujeres en el máximo tribunal de justicia. “Debería haber una mujer en la Corte”, respondió Lijo ante la reiterada intervención de Losada.
José Mayans, presidente de uno de los bloques kirchneristas, hizo una furibunda disertación sobre la decisión de la actual mayoría de la Corte Suprema de anular la última reforma del Consejo de la Magistratura. “Nos faltó el respeto a nosotros. Pusieron en vigencia una ley que estaba derogada por el Congreso. Hicieron un Consejo trucho”, atacó y le preguntó a Lijo su opinión.
“Las leyes tienen su régimen de vigencia y derogación con toda claridad y eso no puede ser alterado”, respondió el juez, en lo que representó un cuestionamiento a esa decisión del máximo tribunal. “¿Se puede poner en vigencia una ley derogada?, insistió Mayans. “Pienso que no”, enfatizó Lijo. Dijo que la Corte “no puede invadir las atribuciones de los otros poderes”.
En el tramo final del debate, el juez federal fue obligado a responder preguntas técnicas de fuerte contenido político vinculadas con el ideario de la administración de Javier Milei, como cuando se le pidió opinión sobre la dolarización de la economía, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, el derecho a la libre portación de armas y la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años.
Lijo se resistió todo lo que pudo a dar su opinión sobre la posibilidad de que se implemente el dólar como moneda en el país, alegando que no quería anticipar opinión sobre un tema que podría tocarle resolver en el caso de que obtuviera el acuerdo para llegar a la Corte.
Al final, ante la insistencia en el tema por las consultas del radical Martín Lousteau (Capital) y las kirchneristas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), el postulante terminó cediendo. “La moneda (nacional) debe ser preservada de alguna manera. Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional o no una reglamentación que al día de hoy no existe, no sería correcto”, opinó. “Lo que digo es que esa reglamentación debe preservar el valor de la moneda de alguna manera”, agregó.
El juez federal también fue consultado sobre la posible ampliación de los miembros de la Corte, cuestión que el Gobierno estaría dispuesto a negociar para obtener el acuerdo de Lijo y Manuel García-Mansilla, también propuesto para el máximo tribunal y que se presentará en audiencia pública la semana próxima. “No tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte, sólo digo que en la Argentina ha funcionado con distintas cantidad de miembros y en todos los sistemas la Corte funciona”, dijo, antes de concluir que la decisión final es una cuestión que “debe evaluar el Parlamento”.
Sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que “no se puede sostener que es una provincia, porque la Constitución no lo estableció así, pero debe tener todos los grados de autonomía que tienen las provincias”.
Lijo se mostró crítico con baja de la edad de imputabilidad que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al afirmar que cualquier medida que se tome debe respetar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al que Argentina le dio rango constitucional. “Puede mejorarse el régimen penal juvenil vigente pero sí es algo muy importante que la regulación debe ser cuidadosa y respetar la Convención”, aseguró. “Lo que sí quiero decir es que las herramientas penales son una herramienta más, no son una solución integral, ni siquiera diría que es la más importante”, agregó.
También mostró sus diferencias con la postura esgrimida por Milei de permitir la libre portación de amas. En ese sentido, reconoció la facultad de la administración nacional para regular la actividad, pero aclaró que si bien “la autonomía de la voluntad individual es algo que la Corte debe proteger” esto “no incluye las acciones que generen un daño efectivo en terceros”.
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