Es posible caminar por un pequeño tronco tirado sobre un riacho en la misionera ciudad de Bernardo de Irigoyen y pasar a Brasil en 3 segundos. Algo más al Norte, en Salvador Mazza, Salta, a 50 metros de un puesto fronterizo se puede entrar a una prolija casa por la puerta ubicada en una calle argentina y caminar unos pasos por el interior vacío y salir por el patio ubicado en el territorio boliviano. O subirse a una cámara de auto, en Aguas Blancas, y dejar que el río Bermejo haga lo suyo con su enorme corriente para llevar algún que otro paquete al otro lado de la frontera, en el sur de Bolivia.
Para pasar de Chaco, o Formosa, a Paraguay alcanza con cualquier embarcación rudimentaria que apenas flote unos minutos. O si se quiere evitar cualquier trastorno de rutas no convencionales, es posible llegar a la ciudad misionera de Puerto Rico y, por unos pocos pesos, pasar con un auto sobre una balsa sin dejar huella en los registros de ninguno de los dos países.
Se pueden contrabandear 50 toneladas de soja en bolsas por puertos ilegales en El Soberbio, o descargar un camión de chatarra en un predio argentino que, casualmente tiene una puerta en territorio boliviano. Y después de una operación de logística perfeccionada, con montacargas y guinches, depositarlos en pequeños carros que, tirados por operarios de la marginalidad, los empujan por un terraplén que los deja en no más de 2 minutos, en tierra boliviana.
Los ejemplos que anteceden son una pequeña muestra de lo que sucede en las porosas fronteras argentinas y que diferentes medios pudieron comprobar en varios viajes a los límites del país, esos enclaves donde funcionan otras reglas y en los que el Estado se declara absolutamente incapaz de regular las relaciones fronterizas. En una palabra, son territorios donde “pasa de todo”; y donde también “se pasa de todo”, de un lado a otro del territorio.
El caso de Loan, el niño de 5 años que desapareció el jueves 13 de junio, puso en primer plano lo que sucede desde hace años en la frontera norte, en donde el delito y el contrabando conviven con la legalidad. Solo es necesario llegarse a esos lugares para mirar lo que sucede a cielo abierto; o esperar que la opinión pública se conmueva con un niño que se especula que transitó esos pasillos ilegales tras ser arrancado de su familia.
Huecos en las fronteras
El desafío soberano en las fronteras se potenció en los últimos años, cuando el gobierno de Alberto Fernández desactivo varios sistemas que se habían puesto en marcha en los cuatro años anteriores, durante el anterior paso de Patricia Bullrich por el ministerio de Seguridad.
Por caso, a principios de 2020 cuando inició el mandato el cuarto kichnerismo, el recorrido correntino del río Paraná, una de las zonas más calientes de la frontera con Paraguay por el creciente contrabando, estaba patrullado por cuatro lanchas de asalto que Bullrich había comprado a Israel. Esas embarcaciones tenían algunas características especiales: podían navegar a alta velocidad y en poca profundidad. Además, tenían armas largas, cañones de 20 y 25 milímetros.
A poco de que Fernández llegó al poder, bajo la gestión de Sabrina Frederic, se dio la orden de quitarles el armamento que poseían. Poco tiempo después, y sin armas a bordo, las quitaron de aquel corredor y fueron enviadas a Rosario, a modo de lancha rápida. Fue una consecuencia de la resolución 1231 del 20 de diciembre de 2019, (10 días después de asumir) mediante la que se derogó otra de 2018 en la que se aprobó el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.
“Dicha norma amplía de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad”, se lee en los considerandos de esa resolución. “Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana, para luego resaltar que sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”, argumentó Frederic.
Al derogarlo, se dispuso el desguace armamentístico de aquellas lanchas, además de generar un enorme interrogantes en los agentes respecto del apoyo, o no, que tendrían si hiciesen uso de las armas reglamentarias. Fue el inicio de un sistema que impactó de lleno en las relaciones entre el delito y las fuerzas federales en las zonas de frontera.
Pero la Argentina pendular hizo lo suyo. El 8 de febrero de este año, a dos meses de regresar como ministra de Seguridad, Bullrich derogó la norma de Frederic. “Vamos a proteger a quienes nos protegen”, dijo entonces en una conferencia de prensa. “Hemos planteado un marco adecuado y hemos trabajado para este protocolo especial para que la Prefectura Naval Argentina pueda desde el día de hoy proteger a su gente, proteger las fronteras, proteger a la ciudadanía y estar en mejor o igual condiciones de las que están los criminales y los delincuentes. El derecho internacional nos ampara en cuanto a la proporcionalidad de armas que va a usar a partir de hoy la Prefectura Naval frente a los ataques que sufren”, agregó la ministra.
Hay más casos. En el Norte se desistió de un turno del personal de noche que controlaba algunos radares de la zona. En La Quiaca, se dejó de usar un centro de monitoreo con decenas de cámaras que controlaban la frontera, algunas de ellas infrarrojas y con dispositivos para detectar el calor humano.
Las bandas fronterizas se aprovecharon de los brazos caídos de las fuerzas de seguridad que operaban en esos enclaves. A la vista de todos, los límites de la Argentina se perforan para cualquier delito.
Fuente: La Nación
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