Un ex militar y dos ex policías acusadosComenzaron dos juicios por crímenes de lesa humanidad en Salta

Para la fiscalía, los delitos se cometieron como parte de un “plan sistemático de represión ilegal durante el terrorismo de Estado”. Los hechos juzgados sucedieron meses antes del golpe de marzo de 1976

Con un ex militar y dos ex policías sentados en el banquillo de los acusados, comenzaron en la ciudad de Salta dos juicios por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos meses antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Uno de los casos juzga el secuestro y asesinato del médico Pedro Enrique Urueña, mientras que el otro trata la imposición de tormentos en perjuicio de Eduardo José Porcel (h), un militante peronista detenido de manera ilegal casi ocho años.

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°1, integrado por Federico Santiago Díaz, María Alejandra Cataldi y Jorge Abelardo Basbus dio inicio la semana pasada al debate oral contra el ex militar Ernesto Alejandro Repossi y el ex comisario de la Policía de Salta Joaquín Guil por la muerte, en 1975, del médico Urueña, perteneciente a la Juventud Peronista y residente de la ciudad salteña de Tartagal, según publicó este lunes el Ministerio Público Fiscal (MPF).

En efecto, durante la lectura de la acusación fiscal vinculada a esa causa se detalló que el 16 de diciembre de 1975 Urueña fue secuestrado de su casa por un grupo de tareas comandado por el Regimiento de Infantería de Monte 28, liderado por Repossi, y con colaboración de la Policía de Salta. Luego fue ejecutado con disparos de arma de fuego y su cuerpo fue dinamitado en un camino que conduce al paraje Balbuena, al sur de General Mosconi.

Al inicio de los testimonios se hizo presente la viuda de la víctima, quien confirmó que su esposo había sido objeto de operativos similares en los años 1974 y 1975 como consecuencia de su militancia dentro de la Juventud Peronista y su influencia social como profesional de la salud en la región norte de la provincia.

La hipótesis acusatoria, donde intervienen el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, apunta a comprobar que los encausados cometieron los delitos de privación ilegal de la libertad, perpetrada por un funcionario público, agravada por violencia y amenazas, seguido de un homicidio agravado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas.

En paralelo, el TOF N°2, presidido también por el juez Díaz junto a las juezas Cataldi y Gabriela Catalano, comenzó el juicio penal contra el exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray, por su participación en el delito de imposición de tormentos agravados del militante peronista Porcel (h).

El fiscal ad hoc interviniente Juan Manuel Sivila

Según la acusación, Porcel fue detenido el 18 de enero de 1975 sin orden judicial y conducido a la Central de Policía en la capital salteña, donde fue interrogado y luego transferido a la Delegación Salta de la Policía Federal. Allí, fue sometido a torturas por el personal, particularmente por Alzugaray, quien ya recibió una condena a prisión perpetua como coautor del secuestro y partícipe del homicidio -en 1975- de Manuel Medina Ortiz, un abogado boliviano que militaba en la izquierda.

Tras su paso por la Delegación Salta, Porcel fue trasladado a varias unidades carcelarias, donde volvió a recibir tratos crueles y degradantes hasta su liberación en 1983.

Porcel participó del inicio del debate y brindó un testimonio donde detalló su secuestro junto a las golpizas y torturas que sufrió. En esa instancia relató que fue detenido cuando viajaba a Tucumán para rendir un examen universitario y llevado a la Central de Policía, y luego al centro clandestino de detención “La Escuelita” en Famaillá, Tucumán, antes de ser trasladado a diversas cárceles del país como la de Rawson y la de La Plata. Además, contó cómo su detención afectó también a su familia y compañeros de militancia, quienes sufrieron persecución política y gremial.

Los delitos que se analizan en ambos procesos quedaron calificados como crímenes de lesa humanidad y formaron parte, de acuerdo al MPF, de un “plan sistemático de represión ilegal durante el terrorismo de Estado”. Los dos juicios continuarán con la recepción de distintos testigos.

Fuente: Infobae