Son 14 los acusados por las irregularidades del programa que en 2009 lanzó el gobierno de Cristina Kirchner para la televisión pública de los partidos del fútbol argentino.
Desde este lunes, el Tribunal Oral Federal 1 llevará adelante un mega juicio que busca esclarecer si existió una defraudación al Estado detrás del programa “Fútbol para Todos”, la iniciativa que en 2009 lanzó el gobierno de Cristina Kirchner para la televisión pública de los partidos del fútbol argentino.
En el banquillo estarán sentados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otros. Lo que se trata de averiguar es si hubo un manejo turbio de los fondos del Estado.
En 2009, Cristina Kirchner, como presidenta de la Nación, anunció el acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Estuvieron presentes Diego Maradona y entonces titular de la AFA, Julio Grondona. En ese contexto, la Jefatura de Gabinete firmó un contrato asociativo con la AFA: la entidad le cedía al gobierno la comercialización de los derechos televisivos de los partidos de fútbol. El Gobierno anunció que los partidos televisados serían gratuitos y abiertos para todo el país, que los clubes recibirían recursos suficientes para sanear sus cuentas -en su mayoría, en rojo-, que se generarían fondos excedentes para financiar el deporte olímpico y que se instrumentarían políticas para mejorar la seguridad en los estadios.
Cinco meses después de la firma, en febrero de 2010, el gobierno resolvió, sin acto administrativo de por medio, emitir publicidad oficial en los partidos televisados, desfinanciando automáticamente el programa. Uno de los pocos sponsors privados del programa, Iveco, pagaba sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba el minuto de pauta publicitaria. “En pocos meses las promesas de ‘gratuidad’ y los ‘excedentes’ ya eran una irrealidad -detalló un informe de la Auditoría General de la Nación que forma parte de la causa-. Al final, el programa demandó del erario público unos $8596 millones, casi 1184 millones de dólares en valores constantes”.
En 2014 la legisladora Graciela Ocaña denunció esto y se abrió una causa que consta de dos partes: las irregularidades que analiza la figura de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, pero también el destino de los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA porque eran cambiadas en determinadas cuevas financieras que eran previamente elegidas, con movimientos sospechosos.
Fuente: Infobae
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