El Gobierno Provincial había anunciado que se iba a hacer cargo de la repavimentación de la 9/34, sin embargo, ahora Corredores Viales S.A apareció, aseguró que cumplirá con la orden judicial y reparará el tramo más complicado de la ruta de la muerte.
La Justicia de Metán dispuso embargar el 40% de la recaudación diaria de la empresa Corredores Viales S.A, encargada del cobro del peaje en Cabeza de Buey, por no cumplir con la reparación del tramo San José de Metán-Yatasto, unos 12 kilómetros en muy mal estado de la ruta nacional 9/34.
En abril pasado, el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, dispuso imponer a la compañía prestataria la aplicación de $2.500.000 diarios por el incumplimiento de una resolución dictada en el marco de un recurso de amparo. La medida no prosperó porque la empresa dejó de utilizar sus cuentas bancarias.
En este contexto y ante la falta de respuesta de la empresa, el gobernador Gustavo Sáenz, anunció, hace algunas semanas que, tras un convenio firmado con el gobierno nacional, la provincia se iba a hacer cargo de la reparación del tramo en cuestión.
Mientras, la Justicia a su vez había decidido embargar por 75 millones de pesos a Corredores Viales por incumplimiento. Sin embargo, conocida la decisión judicial, la empresa apareció y decidió cumplir con la repavimentación.
Gonzalo Macedo, director de Vialidad Provincial, informó a este medio que están a la espera de que el gobierno nacional comunique quién finalmente se hará cargo de la obra.
Cabe destacar que las gestiones desde Salta para la repavimentación se realizaron a través de quien hasta el martes era el director de Vialidad Nacional, Francisco Agolio, ya que ahora quien ocupa su oficina es el romerista Federico Casas.
Como si fuera poco, esta semana se reglamentó la Ley Bases aprobada en el Congreso de la Nación, a través de la cual algunas empresas estatales pueden ser privatizadas, como el caso de Energía Argentina S.A., Agua y Saneamiento S.A., y Corredores Viales S.A.
¿Qué pasará con el embargo?
Profesional dialogó esta mañana con el juez Sebastián Fucho, quien confirmó que será la empresa estatal la que se hará cargo de la reparación de la calzada, sin embargo, aclaró que se trata de una obligación contractual, y no “un acto de buena voluntad”.
Explicó que cuando inicien las obras, recién se dejará de cobrar el embargo que representa el 40% de lo recaudado diariamente en el peaje salteño. “No sabemos si la decisión de comenzar con las tareas fue porque le tocaron el bolsillo o la posibilidad de privatización, pero si tenemos en claro que apenas comiencen con las obras se suspenderá la sanción”, finalizó.
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