El Estado presentó un recurso contra la decisión del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto. Consideró que es incompetente y calificó de “mamarracho jurídico” la medida. Analizan pedir el juicio político del magistrado.
El Gobierno nacional presentó una apelación a la medida cautelar dictada por un juez federal del partido bonaerense de Mercedes, que suspendió la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa la Casa Rosada como una opción para el desarrollo de los clubes de fútbol y, eventualmente, de otras disciplinas.
El recurso abrió un nuevo round en la pelea de fondo que protagonizan la administración de Javier Milei y la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Justicia, en la presentación los representantes letrados del Poder Ejecutivo consideraron que el magistrado Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto -que firmó a principios de este mes la cautelar que trabó las SAD- es “incompetente” para tomar una decisión sobre la reglamentación de un decreto con alcance nacional.
El 2 de septiembre, el juez Portocarrero dio su aval a la medida cautelar presentada por la Asociación del Fútbol Argentino en el marco del expediente número 22121/2024, y le ordenó al Gobierno la suspensión de los efectos de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023 y la posterior reglamentación de las SAD, al tiempo que definió que esa decisión tendrá vigencia hasta que sea dictada la sentencia definitiva.
En la presentación que había hecho la AFA de “Chiqui” Tapia se promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, en la que cuestionó la legitimidad de ciertos artículos de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Según esta argumentación, los mencionados decretos, que afectan la estructura y funcionamiento de las asociaciones deportivas, constituyen ”una palmaria intromisión del Estado Nacional en entidades privadas” y “violan un sinnúmero de artículos de la Constitución Nacional”.
Fuentes oficiales precisaron que en la apelación se advirtió que al juez federal de Mercedes no le correspondía intervenir ante un recurso de la AFA ya que sería la justicia de la Capital Federal, donde tiene asiento la AFA, la jurisdicción donde debería litigar la entidad madre del fútbol argentino.
En el Ministerio de Justicia calificaron de “mamarracho jurídico” la medida cautelar, puesto que no hay peligro en la demora dado que el DNU y las reglamentaciones posteriores que habilitaron la puesta en marcha de las Sociedades Anónimas Deportivas recién entrarán en vigencia dentro de un año.
También, remarcaron que la apertura que se puso en marcha brinda libertad a los socios de los clubes para decidir si adoptan el modelo que permite la participación de capital privado -tanto inversores internacionales como locales- o si continúan con la estructura presente.
Más allá de los detalles, la apelación presentada por el Gobierno contra la medida de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto -que en el Gobierno sospechan de su imparcialidad y podrían pedir su juicio político en el Consejo de la Magistratura- confirma la voluntad de la administración de La Libertad Avanza de no ceder en el enfrentamiento con Chiqui Tapia, que tiene a la mayoría del mundo del fútbol alineado detrás de su estrategia de resistencia a las SAD.
En esta dinámica hay dos buenas y una mala para el mandamás del fútbol. Las positivas tienen que ver con que la FIFA la semana pasada emitió un dictamen que se puso del lado de Tapia en su pelea con el Gobierno y que el ex presidente de Barracas Central presentó lista única con apoyo de Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y la casi totalidad de los clubes para extender su mandato, al menos, hasta 2029.
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