Buscan establecer un modelo como el estadounidense, donde los adherentes a los partidos contribuyen con sus propios recursos a mantener las estructuras.
El Gobierno del presidente Javier Milei tiene previsto proponer en el Congreso “la eliminación de todo el financiamiento estatal a los partidos políticos”, según adelantó a Ámbito una alta fuente de la Casa Rosada.
La intención del Poder Ejecutivo es “avanzar hacia un modelo como el norteamericano” apuntando, como sucede en los Estados Unidos, a que sean los adherentes a los partidos los que contribuyan con sus propios recursos a mantener las estructuras.
En el entorno del primer mandatario se lo considera un paso necesario “para transparentar los gastos de la política” en línea con “la batalla contra las castas que llevamos adelante”. Las autoridades contemplan incluir esta iniciativa en el marco del debate del presupuesto para 2025 en el Parlamento.
Habrá que ver cómo reciben los legisladores esta propuesta que seguramente generará mucha polémica. Al respecto, en medios oficiales se especula con que una carta de negociación puede ser que el recorte a las partidas destinadas a los partidos políticos se destine a engrosar el presupuesto universitario.
Agregan que, con relación a las jubilaciones, el Ejecutivo sigue rechazando la recomposición de 8% propuesta por otras fuerzas, pero también señalan que “podría analizarse en el contexto de dar una suma por única vez”. En fuentes oficiales sostienen que “todo está en la mesa de negociación” y que el espíritu oficial es que “las partidas se pueden eliminar, disminuir, modificar, pero nunca comprometer el equilibrio”.
Gasto político
En el último presupuesto aprobado, correspondiente al año 2023, se le otorgó al Ministerio del Interior una partida para Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad por 48.500 millones de pesos, equivalentes a unos 164 millones de dólares de ese año, al tipo de cambio oficial.
En la actualidad, los partidos políticos cuentan con dos fuentes de financiamiento para su desarrollo institucional, funcional y para la consecución de sus actividades. Una es el sector público, mediante el aporte regular del Estado Nacional.
La ley 26.215 (de Financiamiento de los Partidos Políticos) establece que el Estado nacional debe distribuir dinero de forma equitativa entre todas las alianzas para la impresión de boletas. Para las actividades de campaña, los fondos públicos se distribuyen con 2 criterios: la mitad se reparte entre todos los frentes de forma equitativa y la otra mitad se asigna de acuerdo con los votos que ese frente obtuvo en la última elección para la misma categoría, según señala el sitio Chequeado.
Privados
La segunda fuente de financiamiento es privada, a través de los fondos provenientes de sus afiliados, donaciones u otras actividades propias con las limitaciones establecidas por la ley.
Entre otras restricciones, no pueden recibir contribuciones o donaciones anónimas, de entidades nacionales, provinciales, binacionales, multilaterales, municipales, entre otras. Tampoco pueden recibir fondos de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires.
La Cámara Nacional Electoral cuenta con una plataforma pública en la que quedan registrados todos los aportes en blanco. Sin embargo, especialistas advierten que en la práctica buena parte de los gastos de campaña provienen de aportes informales, tanto en dinero como en especies (como prestar un estadio para un acto, por ejemplo), que no figuran en los informes que se rinden ante la Justicia electoral.
Fuente: Ámbito
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