Desde Fopea advierten que esto implica un grave retroceso democrático ya que desalienta la participación ciudadana en los asuntos de Estado.
A raíz de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, con un claro limitante a datos privados de los funcionarios públicos, desde FOPEA analizaron negativamente la medida del presidente Javier Milei, e informaron sobre iniciativas para promover su rechazo.
En diálogo con Profesional el periodista miembro de la comisión directiva del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Pablo Oro, manifestó su preocupación por dicha modificación, argumentando que esto implica un serio retroceso en la transparencia gubernamental y, por ende, en la calidad democrática del país.
Asimismo marcó su postura crítica ante la decisión del Ejecutivo, subrayando las implicancias que esta medida podría tener sobre los periodistas y el derecho fundamental de todo ciudadano, que es el acceso a la información.
El Licenciado explicó que la nueva reglamentación excluye de la categoría de información pública aquellos datos considerados de “naturaleza privada”, lo que para FOPEA abre un debate sobre qué puede ser clasificado bajo esa etiqueta.
Oro cuestionó si situaciones como las que ocurren en la Quinta de Olivos, una residencia oficial del presidente, podrían ahora ser consideradas privadas. “Lo que se invierte, lo que no se invierte, la gente que entra”, señaló, quien utilizó como ejemplo la conocida “fiesta de Olivos”, un evento que salió a la luz gracias al acceso a registros públicos.
El directivo de FOPEA también recordó que muchas investigaciones periodísticas de relevancia fueron posibles gracias a la ley ahora modificada, destacando la agilidad del esquema que permite a los periodistas solicitar información sobre temas vinculados con el Estado y, en algunos casos, con entidades privadas que mantienen vínculos contractuales con el sector público.
Ante esta situación, desde FOPEA decidieron tomar acciones concretas para rechazar la medida. Según Oro, la organización estará presente en la Comisión de Libertad de Expresión para discutir el tema y buscar apoyo en la Cámara de Diputados.
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