Empresarios de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se oponen. “Tenemos los votos para que no avance”, dicen.
Desde Tucumán, el empresario cañero Jorge Rocchia Ferro y un grupo de los más importantes del sector en el NOA, ambos fabricantes de bioetanol, se expresaron a favor del proyecto de ley que eleva el corte de las naftas y el gasoil con biocombustibles. Desde la vereda del frente, productores de biodiesel, señalan que la aprobación de la iniciativa “condenará al quebranto a las pymes”. Mientras el debate se instaló, denuncian que el Gobierno incumple con la ley vigente y gestionan una audiencia con el presidente Javier Milei.
El industrial tucumano mostró entusiasmo con la propuesta que presentaron en agosto diputados nacionales de Córdoba, Santa Fe, Entre Río, Salta, Jujuy y Tucumán, en representación de la denominada “Liga Bioenergética”. Quedaron afuera Buenos Aires y Santiago del Estero. Por el momento, el proyecto está en estudio en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja.
En rigor, el proyecto de ley establece que “por un plazo de 18 años contados a partir de la entrada en vigor de la ley, los biocombustibles que se mezclen obligatoriamente con combustibles fósiles deberán ser producidos en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales”. Y sobre el porcentaje para la mezcla o corte obligatorio, se fija para el biodiesel un 10% a la fecha de entrada en vigencia de la ley; 11% al 1 de enero de 2025; 12% para 2026 y 15% para 2028.
Para el bioetanol, se prevé un 12%, que en un plazo no mayor a dos años tendrá que ser elevado al 15%, mientras que en tres años se abrirá un mercado libre y voluntario para mezclas que superen ese porcentaje. Y también dispone la iniciativa que “solo cuando las mezclas superen el 15% para el biodiesel y el 12% para bioetanol, las empresas hidrocarburíferas estarán autorizadas a participar en el abastecimiento de biocombustibles, únicamente en el volumen excedente a esos porcentajes. En ningún caso la participación podrá ser superior al 50% del volumen excedente total”.
Desde otro de los grupos de mayor peso en el mercado del bioetanol, con amplio desarrollo en el NOA, se valoró como relevante que el proyecto contempla que el corte del 12% de bioetanol con las naftas se distribuya en partes iguales entre los productores de bioetanol de caña y los de maíz (6% y 6%) y que las ventas se realicen a través de licitaciones, que haría la autoridad de aplicación. “Los precios serían libres pero tendrían un tope que se calcularía como el precio promedio entre la paridad de importación de bioetanol y el precio de la nafta premium a la salida de Refinería de YPF”, se explicó.
De todos modos, en consonancia con lo también señalado por el titular del ingenio La Florida, del Grupo Los Balcanes, desde esa firma se sostuvo que “lo que necesitamos con urgencia y mientras se trata el proyecto de ley, es que la Secretaría de Energía fije el precio mensual usando la fórmula del tope que está en el proyecto de ley para el bioetanol de ambos orígenes (caña y maíz)”. “El precio actual ($657 por litro para caña) está muy por debajo del precio antes mencionado (daría $732 por litro). Este atraso ha ocasionado una grave crisis al sector sucroalcoholero argentino, principal economía regional del NOA con 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos”, se detalló.
Consultado Rocchia Ferro sobre si hicieron gestiones ante el Gobierno, precisó que “ya hablamos con Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía de la Nación, y otros funcionarios del área porque el Gobierno tampoco aplica la ley vigente, está pisando los precios y desconocemos las razones”. Para el industrial, el litro de bioetanol debería rondar los $900 pero se encuentra en $657. Indicó que el sector solicitó una audiencia con el presidente Milei para los próximos días para ponerlo al tanto del escenario del sector pero todavía no han tenido respuesta.
En contra
Ámbito dialogó con Federico Martelli, titular de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), sobre el proyecto de la “Liga Bioenergética” y su respuesta fue taxativa, “tenemos una oposición absoluta”. Consultado sobre las razones de esta postura, señaló que la iniciativa “favorece a las grandes compañías que exportan, perjudicando a las pymes que invirtieron específicamente en el mercado nacional”. Además, criticó que no se han generado nuevas inversiones y que existe una capacidad ociosa del 75% en la producción de biodiesel en Argentina, lo que limita las oportunidades para el desarrollo del sector.
Explicó Martelli, que representa a productores de biocombustibles de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, que el proyecto de la “Liga Bioenergética” no promueve la desregulación como se argumenta, sino que incrementa las restricciones con regulaciones aún más complejas, carece de consenso y “fomenta la competencia desleal, perjudicando a las pymes del sector”. Para este industrial, de aprobarse el proyecto, llevaría a la quiebra a numerosas pequeñas y medianas empresas, mientras que la producción se concentraría mayoritariamente en Santa Fe, que podría aumentar su participación en la producción de biodiesel del 30% al 80%.
Otro productor que tiene su planta de biodiesel en Buenos Aires, consultado por este medio, coincidió con las aseveraciones de Martelli y graficó que si se aprueba el proyecto de ley, tal como está, pondría a las pymes a competir en desiguales condiciones con los más grandes del sector. “Sería como una carrera entre un Fiat 600 y una Ferrari”, comparó. “Nuestras empresas son el resultado de promociones industriales, es decir, con beneficios para la radicación de las fábricas y -si se aprueba el proyecto- nos nutriríamos de producción (soja) que compraríamos a nuestras competencias, en donde inciden dos factores claves que son el costo de la materia prima y el flete”, explicó.
Pedido de Llaryora
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó este martes del anuncio de inversión de las empresas Promaíz, Aceitera General Deheza (AGD) y Golden Peanut, en Alejandro Roca, departamento Juárez Celman. Las firmas construirán una nueva destilería y secadora, con una inversión de USS 110 millones, entre 2025 y 2027.
El jefe provincial aprovechó para reclamar al Congreso de la Nación la sanción del proyecto de la ley de biocombustibles. “Tenemos que tomar una causa en común todos los cordobeses, y de la misma manera que pedimos abiertamente la baja de las retenciones, tenemos que pedir abiertamente una ley de biocombustible al nivel que tienen nuestros países hermanos. No podemos seguir teniendo un corte del 12%, necesitamos un corte de no menos del 25%”, sostuvo. Paraguay tiene un corte del 25% y Brasil lo elevará al 30%.
Una fuente indicó que la presión de Llaryora obedece a que el proyecto cuenta con un apoyo parlamentario muy ajustado, en donde gravitan los votos de los diputados de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. “Tenemos los votos para que no avance”, se señaló.
Fuente: Ámbito
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