El reclamo de los representantes de la educación superior por el veto a la Ley de Financiamiento se da en el marco del ajuste en las cuentas públicas.
Este miércoles se realizó la segunda marcha federal universitaria durante el gobierno de Javier Milei. El principal reclamo es el anunciado veto de la Ley de Financiamiento Universitario que la oposición logró aprobar en el Congreso a mediados de septiembre.
La normativa, que el Presidente se dispone a vetar, ajusta el presupuesto universitario por inflación, retroactivo al 1° de diciembre del año pasado, y establece que los fondos deberán actualizarse de forma mensual. Esta medida beneficiará a las 60 universidades nacionales, basándose en la cantidad de estudiantes, egresados, carreras, y otros factores como hospitales y actividad científica.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo total de la Ley equivale al 0,14% del PBI, equivalentes a unos $740.000 millones. De ese total, poco más de $441.000 millones (0,8% del Producto) corresponde a la recomposición de salarios docentes y no docentes.
Sin embargo, el veto a la Ley de Financiamiento no es la única razón de la marcha, ya que el presupuesto de las universidades nacionales sufrió por el ajuste que llevó adelante el Gobierno para lograr el equilibrio fiscal.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), las transferencias devengadas de la administración central a universidades nacionales para financiar gastos corrientes entre enero y septiembre tuvieron una caída real de 30,2% en comparación con el mismo período de 2023.
Las 60 entidades educativas relevadas sufrieron un recorte en las transferencias durante este año. Las más perjudicadas fueron la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (-68,5%), la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (-56,2%), la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (48,7%), la Universidad Nacional de Hurlingham (-47,1%) y la Universidad Nacional de Moreno (-46,3%).
El reclamo salarial de los docentes universitarios y de los trabajadores no docentes también es parte del conflicto. El economista Amilcar Collante calculó que entre noviembre del año pasado y agosto de 2024 el salario bruto de un auxiliar de primera con dedicación simple (con 10 años de antigüedad) tuvo una caída real de 24%.
En su cuenta de X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció la pérdida de los salarios docentes con respecto a la inflación acumulada, que hasta agosto llegó a 94,8%. “El aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68,2%, el de los docentes universitarios fue de 81,4%”, sostuvo el funcionario.
Con respecto al reclamo salarial, indicó: “Las universidades no aceptaron el aumento ofrecido de 5,8% por encima de la pauta salarial establecida para octubre de 1 punto porcentual”. Y resaltó: “Con el aumento ofrecido por el Gobierno la evolución de los salarios reales de los docentes superaría a la de los estatales”.
“Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente. Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores. Los que perciben salarios más bajos son los docentes de dedicación simple, que dan clase solo una vez por semana, y algunos no docentes de categorías iniciales”, argumentó Capital Humano.
Desde el Gobierno argumentan que muchas de las universidades no rinden cuentas del manejo del dinero. A la vez, comparan el presupuesto universitario con el de otras políticas, como la AUH.
“La inversión en universidades tiene un peso relativo similar al de la AUH (7%) dentro del presupuesto total del Ministerio de Capital Humano. En cuanto al alcance, la AUH impacta en 4 millones de beneficiarios mientras que el presupuesto universitario llega a 710.466 alumnos regulares”, resaltó un trabajo elaborado por el Consejo Coordinador de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano, que también puso en duda la condición de regularidad del alumnado.
Y agregó: “Al examinar la asignación presupuestaria de la Secretaría de Educación, vemos que el 74% del presupuesto se destina a cubrir universidades, mientras que sólo el 16% se orienta a la educación básica (inicial, primaria y secundaria)”.
Fuente: TN
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