Luego de que se condenara a 20 años de prisión al expresidente de Perú, por haber recibido coimas de esta constructora brasilera, Argentina sigue sin culpables. Se trata de una de las operaciones de corrupción más grandes de América Latina.
Finalmente llega a juicio en abril del año próxima la causa que involucra a ex funcionarios argentinos.
La justicia finalmente estableció que el 7 de abril comience el juicio oral y público por el supuesto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de dos plantas potablilizadoras de AySA a exfuncionarios del ministerio de Planificación. Serán juzgados el exministro Julio de Vido, su exmano derecha Roberto Baratta, exejecutivos de la firma constructora y de la empresa de agua potable en el primer caso del escándalo mundial conocido como el Lava Jato que llega a juicio en Argentina.
El juicio estará a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, que fijaron fecha en abril del año que viene. Se trata de los mismos magistrados que tienen a su cargo el caso de los Cuadernos de las coimas y que fueron denunciados por “retardo de justicia” por la fiscal Fabiana León, que también está a cargo de la acusación en este proceso.
Los magistrados decidieron que el juicio se realice por zoom. Y admitieron que declaren en el proceso 290 testigos y que se produzcan medidas de instrucción suplementaria. Los acusados son los exfuncionarios De Vido, Roberto Baratta, José López, condenado por esconder bolsos con 8 millones de dólares en un convento, Jorge Ernesto “El Corcho” Rodriguez, y los empresarios Aldo Benito Roggio y Carlos Enrique Guillermo Wagner, entre otros.
En esta causa, que elevó a juicio el fallecido fiscal federal Federico Delgado y que investigó el juez federal Sebastian Casanello, se investiga el presunto pago de sobornos multimillonarios en el proyecto para construir una planta potabilizadora de agua para AYSA en Paraná de las Palmas, con el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como el principal acusado.
Hasta ahora, transcurridos siete años desde que Odebrech confesó el pago de sobornos en diversos países, en Argentina no hay ninguna condena. Los tribunales federales de Comodoro Py aún no lograron acceder a las evidencias que los fiscales del “Lava Jato” acumulan en Curitiba sobre los delitos que cometieron Odebrecht y sus consorcistas en la Argentina.
El caso
El caso Odebrecht es uno de los casos más representativos de corrupción en América Latina, con la distribución millonaria para políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países. Se basa en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En esta investigación se detalla cómo Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de unos 14 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela,1 durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Odebrecht fue creada en 1944, en el Estado de Bahía, y se consolidó como la constructora de mayor crecimiento durante los años de la dictadura militar. La empresa creó una «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de Relaciones Estratégicas» para disimular la maraña de coimas.
Según los fiscales estadounidenses, entre 2007 y 2014 Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valor de 35 millones en Argentina, aunque se estima que es mucho más. En enero de 2017 fue imputado el jefe de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) argentino, Gustavo Arribas por la recepción de coimas y otras dádivas.
Marcelo Odebrecht
El constructor brasileño, que confesó el mayor escándalo de América Latina, cumplirá el resto de su condena en arresto domiciliario. Estuvo dos años y medio preso, de los 19 a los que se lo había condenado.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó este año anular los fallos judiciales del Tribunal Federal de Curitiba emitidos contra el empresario Marcelo Odebrecht dentro del caso Lava Jato, tras considerar que se derivaron de violaciones al debido proceso.
El máximo órgano judicial del país dijo en un comunicado que esta orden, dictada por el ministro Dias Toffoli, implica también el cierre de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht, aunque mantiene en firme el acuerdo firmado por el empresario, mediante el cual se declaró culpable y aceptó colaborar con la Justicia y delatar a otros presuntos involucrados a cambio de beneficios judiciales.
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