La Justicia determinó que la designación de las aseguradoras se hacía por fuera del sistema oficial de comunicación que utiliza el Estado. El juez mencionó otros casos similares e irregularidades.
En 19 días, Alberto Fernández deberá abandonar el encierro en su departamento de Puerto Madero y recorrer las 25 cuadras que lo separan de los tribunales de Comodoro Py para defenderse del escándalo de los seguros. El ex presidente nunca se imaginó en esa instancia. Muchos menos a poco más de diez meses de dejar el poder. En los últimos dos meses, su atención estuvo centrada en la denuncia por violencia que le hizo su ex pareja, Fabiola Yañez, y en la causa por alimentos, que ayer tuvo la quinta audiencia sin un acuerdo efectivo.
Luego de ocho meses de investigación, el juez Julián Ercolini acusó a Fernández de controlar la maniobra para designar a los brokers de seguros, con la asistencia de un grupo de ex funcionarios de Nación Seguros que le respondían de manera directa: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo (de Nación Seguros) y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
La citación a indagatoria del ex presidente también reveló que las irregularidades detectadas en la designación de los brokers para la ANSeS, donde arrancó el escándalo, se repitieron en más de 20 organismos. En la Administración Nacional de la Seguridad Social se detectó que un ex funcionario, Federico D’Angelo Campos, mandó un nota firmada de puño y letra por fuera del sistema oficial de comunicación, denominado GDE.
D’Angelo, que manejaba del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y ahora es concejal de Quilmes, fue denunciado apenas arrancó el escándalo por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres. En junio, con el avance de la causa, lo terminaron echando.
La maniobra, según el fallo de Ercolini, se repitió en más de 20 organismos públicos, algunos de ellos muy importantes en la estructura del Estado como la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, y el Ministerio de Seguridad de la Nación. “El titular del organismo o el encargado del área correspondiente emitía una carta de designación por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónico, mediante un claro proceso irregular y direccionado en beneficio estos últimos”, detalló el juez.
La lista de organismos donde se detectó algo similar incluye a la Gendarmería, Corredores Viales, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Vialidad, el Ministerio de Turismo y Deportes, INVAP, la Casa de Moneda, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; y el Ministerio de Ambiente.
También aparece el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Fondo Nacional de las Artes, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Dioxitek SA, y la Junta de Seguridad del Transporte.
En el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación la designación se habría formalizado “por canales irregulares” y la nota que se enviaba a Nación Seguros nunca se encontró.
Ercolini puntualizó algunas contrataciones, como la de Gendarmería, que generó comisiones por $1.544.417.196. En ese caso, la nota fue firmada por el ex jefe de la fuerza, Andrés Severino, uno de los que deberá presentarse a declarar.
Los chats encontrados en los teléfonos de los imputados revelaron que Martínez Sosa gestionó esa póliza. El broker le contaba a su mujer María Cantero los detalles de las reuniones y hasta se sacaba fotos con Severino. “Todavía aquí. Ahora con él y el 2do comandante”, le escribió el 8 de julio de 2021. Hay decenas de mensajes similares.
En el fallo, Ercolini destacó dos reuniones supuestamente vinculadas a esa negociación oscura. Una ocurrió el 20 de septiembre de 2022, entre Martínez Sosa y el entonces presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano. La segunda se dio el 27 de diciembre de ese año: participaron el empresario amigo de Fernández y las autoridades de Nación Seguros.
Otro proceso destacado fue el que derivó en la póliza para los créditos de la ANSES. En ese caso, D’Angelo Campos mandó una nota a Nación Seguros por fuera del GDE para designar a las empresas San Ignacio y TG Broker, del broker Pablo Torres García. En ese negocio también actuaron cuatro coasegurados: Sancor, San Cristóbal, Life Orígenes y San Germano.
En la resolución, Ercolini destacó los vínculos entre San Ignacio y San Germano y citó a indagatoria a varios empresarios vinculados a esas firmas como Nicolás y Lucas Rosendi, Hernán Marcos Bressi, Héctor Basilio Villaverde, y Marcela Verónica Baldini, entre otros. En marzo de este año, el ex titular de la ANSeS, Osvaldo Giordano, reemplazó a Nación Seguros por un sistema de autoseguro y destapó el escándalo.
Además de Albero Fernández, Ercolini citó ayer a otras 48 personas. Se destacan el empresario Héctor Martínez Sosa, su mujer María Cantero, y varios ex funcionarios de directorio de Nación Seguros como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.
“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de “Nación Seguros SA” y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de “Nación Seguros”, sostuvo el juez Ercolini en su resolución.
Detrás de Martínez Sosa aparecían varios “satélites” que también fueron citados a declarar: Manuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, y Fernando Carlos Salim.
En total, entre “Hecky” y sus satélites cobraron $2.297.820.134, es decir el 59,6% del universo de comisiones pagadas.
En el fallo, de 46 carillas, el juez también destacó la relación de amistad de “Hecky” Martínez Sosa y Fernández y los regalos que le hacía el empresario junto a su pareja mientras era presidente. En los chats de la causa se mencionan corbatas, relojes, y hasta un cuadro original de Perón y Evita abrazándose.
En 2019, cuando todavía Fernández no era presidente, Cantero compró un Tag Heuer, de la serie Aston Martin, valuado en 1800 dólares. La foto fue borrada pero los peritos lograron recuperarla. El destinatario era el “Gordo” Daniel Rodríguez, un nexo privilegiado entre el Presidente y Martínez Sosa.
No fue el único reloj lujoso que compró Cantero. El 8 de diciembre de 2019, dos días antes de la asunción del flamante presidente, la secretaria entró a la oficina a los gritos y se dirigió a Alberto Fernández: “Mirá lo que te compramos con Héctor”. Adentro de la bolsa había un Rolex. El presidente electo se incomodó con la situación y rechazó el regalo. Un dirigente político, que luego tendría un cargo importante en ese gobierno, fue testigo de toda la escena.
Además de la maniobra para elegir a los brokers, Ercolini hizo hincapié en la elección irregular de las coaseguradoras, otro negocio millonario. “Ello habría permitido concentrar en la órbita de “Nación Seguros SA” el direccionamiento de la asignación de porcentajes de los contratos a las aseguradoras privadas que eran seleccionadas de forma arbitraria desde la Subgerencia Técnica Comercial a cargo de Carlos Alberto Soria”, describió el juez.
Entre los citados a indagatoria aparecen el empresario Alfredo Del Corro, uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, que recibió decenas de transferencias sospechosas de algunos brokers investigados, tal como reveló Infobae.
Esa cooperativa apareció en escena al comienzo del escándalo. Fue un hallazgo totalmente casual: la Policía siguió un auto luego de un allanamiento en la empresa San Ignacio y terminó descubriendo dos camionetas 4×4 registradas a nombre de esa firma. Esa pista expuso una red de contactos entre ex funcionarios de Nación Seguros y empresas aseguradoras.
Al menos dos aseguradoras investigadas figuran en las transferencias ingresadas a las cuentas de 7 de Mayo. El dinero entraba a cambio de un supuesto servicio. En este caso, se hablaba de eventos gastronómicos. Para no despertar sospechas, la cooperativa emitía facturas por esos montos. Pero no había ningún catering. Por ese motivo, los investigadores sospechan que podrían ser coimas.
Parte de los fondos desviados a esa cooperativa se terminaron invirtiendo en propiedades y autos. De hecho, se determinó la existencia de envíos millonarios de dinero desde 7 de mayo al Fideicomiso Inmobiliario Flumine, al Fideicomiso Villarroel 1232, al Fideicomiso Libertador 5958, al Fideicomiso Inmobiliario Naase, al Fideicomiso Inmobiliario 866 y al Fideicomiso Links Country de Mar.
Cuando explotó el escándalo, comenzaron los movimientos. El fallo describe que Mauro Tanos, ex gerente general de Nación Seguros, solicitó al Fideicomiso 866 “la devolución de los fondos a la cooperativa, contra la transferencia de los mismos importes desde su cuenta personal, y luego, el 01/08/2024, Tanos y Victoria Bisogni procedieron a ceder su boleto a un tercero por un precio de USD 270.000″.
No es todo. “Otros fondos externalizados de la cooperativa incluyen el pago de e-checks por $ 14.990.300 al Club Atlético River Plate (pago durante cinco años por cuatro plateas en el estadio y un estacionamiento)”, cuenta la resolución. No fue una sorpresa.
Fuente: Infobae
Cargando ...
Comentar