Los líderes piqueteros manejaban una logística fraudulenta. Desde aprietes para que asistieran a las marchas hasta los aportes obligatorios a la agrupación.
El lunes pasado la Justicia procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional al haber desviado millones de pesos del programa Potenciar Trabajo a un conjunto de empresas que hacían facturas truchas para ocultar el destino final de ese dinero, que para el juez federal Sebastián Casanello se utilizó para financiar las campañas del Partido Obrero (PO).
No solo Belliboni recibió malas noticias judiciales sino que un grupo de otros 10 dirigentes del PO e integrantes de la Cooperativa El Resplandor Limitado también fueron procesados por ese mismo delito, pero incluso a algunos de estos se les achacó el haber extorsionado y amenazado a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para no solo sacarles un porcentaje del plan social sino obligarlos a ir a las marchas.
Estas acciones se llevaron adelante desde tres comedores bajo la órbita del Polo Obrero y El Resplandor Limitado: Mariano Ferreyra (barrio 1-11-14); La Carbonilla y Rivadavia I. Para respaldar la acusación la Justicia se valió de documentos que halló en los distintos allanamientos ordenados sobre estas organizaciones en mayo pasado. Los papeles van desde listado de asistencia a las marchas, notas en las que se observa qué beneficiarios pagaron el aporte mensual obligatorio y las famosas listas de espera para poder obtener el plan.
TN accedió al material secuestrado por la Policía Federal y muestra por primera vez cómo era el sistema de aprietes a beneficiarios de planes sociales dentro de la estructura del Polo Obrero.
En el comedor Mariano Ferreyra se encontró un listado de asistencia a movilizaciones y una planilla titulada “Bajas Potenciar Trabajo x no movilización”. Allí se observa con claridad que en una de las columnas se precisa el tiempo que ese beneficiario “no participa” de las movilizaciones, lo que luego deviene en la baja del programa.
En el reglamento del programa Potenciar Trabajo no se establece ningún tipo de obligación de asistir a las marchas para conservar el plan. El programa solo requería una contraprestación diaria de cuatro horas a cambio de la mitad de un salario mínimo vital y móvil.
En el mismo comedor se encontró un cuaderno con una anotación manuscrita que, por su contenido, se fija la política a adoptar respecto de aquella persona que no concurra a los actos partidarios.
El título del texto es “Planes y suspensiones” y allí se detalla lo siguiente:
“Se adoptó un criterio solo aquel que tenía cero luchas (chanta). Muchos compañeros van a decir que los van a denunciar (ustedes tienen que contestar que ustedes no pueden hacer nada con la contraprestación que tiene que cumplir). Que no somos beneficencia pública, ni Caritas. Que el polo obrero no acepta que aporte y no luche”, reza el escrito.
Para el juez Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita estas personas realizaron las siguientes acciones:
- Convocaban a movilizaciones y otras actividades político-partidarias
- Registraban la asistencia de cada uno ellos
- En función del presentismo mínimo impuesto determinaban el alta, la baja y/o la continuidad del acceso a la asistencia estatal
- Imponían como condición de permanencia a todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo el aporte mensual del 2% del monto percibido del Estado (referido como “cápita”). Esa plata luego terminaba en las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero o del Resplandor Limitado.
- Se informaba el día y la fecha en que los delegados recibían en los comedores el pago del aporte, que debía hacerse en efectivo
- Se llevaba un registro de aquellas personas que lo adeudaban y se reiteraba la exigencia de cumplimiento por medio del chat grupal que operaba en el servicio de mensajería de WhatsApp.
Para la Justicia dentro de la estructura del Polo Obrero se produjo un aprovechamiento de la posición de poder en que se encontraban respecto de los beneficiarios del programa social al exigirles las presencias en marchas o bajo la imposición de un aporte de dinero.
En otro de los cuadernos secuestrados se detallaba la rendición de cuentas que se hacía. La estructura de recaudación era comandada por Cantero. Incluso los beneficiarios recibían un pagaré, una especie de recibo por haber efectuado el aporte de dinero.
Según creen los investigadores, de todo lo que se recaudaba mensualmente por el pago de las cápitas, la mitad iba a lo que se denominaba Polo Central, es decir, la organización de Belliboni; un 10% al Polo Capital y lo que quedaba se suministraba al comedor.
En las cuentas bancarias bajo titularidad de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda se evidencia -siempre según la Justicia- que en el periodo bajo análisis se efectuaron múltiples depósitos en efectivo, que no serían más que el dinero recaudado ilegalmente. En el domicilio de Elizabeth Palma se secuestraron múltiples recibos de las cápitas en una caja roja.
Fuente: TN
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