El expresidente había pedido la recusación del magistrado, pero el tribunal no hizo lugar a su reclamo. La investigación es por presunta defraudación al Estado en una denuncia que surgió de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei.
Este miércoles, la Cámara de Casación Penal ratificó al juez Julián Ercolini en la denominada “causa Seguros”. Se trata de un nuevo revés judicial para el expresidente Alberto Fernández, que había pedido la recusación del magistrado.
Fernández es investigado por presunta defraudación al Estado en una denuncia que surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante la gestión anterior. La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.
El otrora jefe de Estado había promovido la recusación de Ercolini por “temor de parcialidad”, al señalar que había mantenido una relación personal con el juez a partir de haber compartido tiempo juntos cuando ambos daban clases en la Universidad de Buenos Aires. No obstante, el juez Gustavo Hornos entendió que el reclamo no se encontraba fundado y lo mantuvo en la causa.
“Respecto a la supuesta relación personal alegada por el recusante, a la que describió como de amistad primero y de enemistad después, cabe recordar que tal circunstancia fue negada en el informe realizado por el juez, quien dijo no poseer ningún prejuicio de ese tipo, a lo que cabe aunar que la parte no ha aportado elementos objetivos suficientes que desvirtúen ese rechazo”, afirma el fallo.
El expresidente tiene además una denuncia penal por violencia de género en su contra derivada de esta causa. La misma fue presentada este martes por la ex primera dama Fabiola Yañez. La información surgió del secuestro y peritaje de teléfonos, donde además surgieron los chats que mostraron relaciones entre contratos, funcionarios y empresarios.
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