La Casación ratificará el miércoles que cometió fraude con los negocios del Estado con Lázaro Báez. No quedará presa ni impedida de ser candidata, hasta que se pronuncie el máximo tribunal.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmará este miércoles la condena impuesta a Cristina Kirchner a seis años de prisión por corrupción en el direccionamiento de obras públicas de Santa Cruz. La expresidenta ya decidió que va a recurrir ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que no quedará firme aún.
“Vamos a apelar a la Corte”, dijo a LA NACION un colaborador de Cristina Kirchner ante la inminencia del fallo, que incluso en el kirchnerismo dan por seguro que confirmará la condena que le impuso el Tribunal Oral Federal N° 2 el 6 de diciembre de 2022 por el delito de fraude contra la administración pública, como informó este diario en septiembre pasado.
Cristina Kirchner fue la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou en 2018 ya había dejado la función pública.
Aun con la condena confirmada por la Cámara de Casación, Cristina no irá presa, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.
Y además, la que resolverá el caso de Cristina Kirchner no será esta Corte, con la actual integración, porque Juan Carlos Maqueda dejará el tribunal a fin de año.
Probablemente en el futuro próximo, a los tres jueces que quedarán (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), se sumarán otros dos en los cargos que quedarán vacantes en el tribunal. Pueden ser el juez Ariel Lijo y el académico Juan Manuel García Mansilla, u otros candidatos que envíe el Gobierno si es que sus pliegos no prosperan en el Senado.
Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que en esa circunstancia si la Corte se pronuncia en su contra, puede pedir cumplir la pena en su casa. Si prospera la ley de ficha limpia en el Congreso, con este fallo de Casación no podría ser candidata.
La decisión de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se conocerá el miércoles 13 de noviembre, en una audiencia oral y pública convocada en la planta baja de Comodoro Py 2002. Cristina Kirhner no tiene obligación de estar presente en el lugar. La policía sugirió usar esa sala por razones de seguridad: cuenta con un pasillo lateral para que acceden y se retiren los jueces.
Asimismo, el edificio de Comodoro Py 2002 tendrá un importante operativo de seguridad, ya que se aplicará un protocolo especial para estos casos importantes, máxime cuando el kirchnerismo convocó a una clase pública a realizarse esa mañana a las 9 en la puerta del edificio de Retiro. Invitaron a participar del acto a enviados del presidente de Brasil, Lula da Silva, que también se define como víctima del lawfare por su detención de casi dos años.
La convocatoria corrió por cuenta de Juan Grabois y del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y prometen denunciar el lawfare y explicar cómo operan ciertos mecanismos de supuesta persecución política y mediática, que a su juicio son los que determinaron la condena.
A las 11 está previsto que comience la audiencia que se transmitirá en directo por Youtube. El presidente de la Sala, Gustavo Hornos, leerá un texto que contiene las partes esenciales de la sentencia que firmará ese día con sus colegas Borinsky y Hornos. Tras la audiencia se confirmará electrónicamente.
El fallo tiene en total unas 1500 páginas, y consta de tres votos por separado de cada uno de los camaristas. No se leerá completo, sino que probablemente se lean los antecendentes, lo ocurrido en la audiencia oral de diciembre cuando se impusieron las condenas, lo ocurrido en las audiencias posteriores y se lea el veredicto final.
Habrá un análisis de las cuestiones procesales que motivan que los jueces rechacen los recursos, incluido el de la fiscalía, pero también un análisis de los hechos, de las pruebas, calificaciones legales y la extensión de las penas.
La postura de los jueces
En las deliberaciones para llegar a esta sentencia, que se iniciaron el 9 de mayo, antes de las vacaciones de invierno, cuando concluyeron una serie de audiencias orales con algunos acusados y sus defensores, hubo posturas divergentes entre los jueces.
De hecho los plazos procesales en este caso están todos vencidos. Debieron pronunciarse 20 días hábiles después de las vacaciones de invierno, según los plazos del Código, pero eso no ocurrió. En la demora incidieron desacuerdos, licencias por viaje de los jueces y finalmente cuando crecían las especulaciones, que relacionaban los aplazos con la cobertura de las vacantes en la Corte, decidieron dar a conocer la sentencia en una audiencia oral, convocada para el miércoles, una decisión atípica reservada para casos especiales.
Según trascendió en fuentes de los tribunales, el fallo sería dividido por dos votos contra uno. No obstante, los camaristas rechazarán todos los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, con lo que quedarán confirmadas las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, cuando firmaron la sentencia el 6 de diciembre de 2022.
En el fallo hay posturas diferentes. El juez Gustavo Hornos, que preside la Sala IV en este caso y fue el primero en votar, se inclinó por endurecer la condena e incorporar al fraude contra el Estado, el delito de asociación ilícita, que reclamó el fiscal de Casación Mario Villar, del mismo modo que el fiscal del juicio oral Diego Luciani. Con este delito tanto Luciani como Villar reclamaron que la condena se eleve a 12 años de prisión.
Pero la posición de Hornos quedó solitaria. Los otros dos jueces que votan por separado son Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Borinsky analizó en un momento reducir la condena tratándose de una persona primaria y sin antecedentes penales. Ya falló así en otros juicios como en el caso de la Ruta del dinero K, contra Lázaro Báez, y en una causa contra Julio De Vido por la tragedia de Once, cuando le tocó votar como conjuez de la Corte Suprema.
El tercer juez a votar, Barroetaveña, mantendría las mismas penas que impuso el tribunal oral federal. Borinsky terminó por coincidir con su colega en esta posición.
Así las cosas, hoy en la Casación la decisión está tomada: se confirmará la sentencia por dos votos a uno, con la opinión mayoritaria de Borinsky y Barroetaveña, con el voto de Hornos en disidencia, dijeron fuentes de los tribunales. Son 14 imputados y 13 condenas que hay que revisar, que se mantendrían todas como están.
El Código Procesal Penal refiere en el art. 458 inciso 2 que el fiscal puede apelar la sentencia condenatoria, “cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida”.
En este caso el fiscal de juicio, Diego Luciani, pidió 12 años y el tribunal oral impuso la condena de seis años, es decir que no es inferior a la mitad de lo pedido, sino justo la mitad. Este sería uno de los argumentos para rechazar el recurso de la fiscalía.
Hay otro asunto. Si la Casación cambia las penas, el caso debería ser revisado en un recurso de Casación horizontal por otra sala del mismo tribunal, lo que habilita el “efecto extensivo” del recurso que permite que los jueces alteren otras condenas y no solo las corregidas en un primer momento. Todo un escenario imprevisible. Ante esta situación, primó en la mayoría del tribuna la idea de dejar todo como está.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel, considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También se dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.
El empresario dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, fue condenado a seis años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El exsecretario de Obras Públicas José López también fue sentenciado a seis años de cárcel. Ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y por la tenencia ilegal de un arma de fuego. El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti recibió una condena a seis años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable de delito de administración fraudulenta.
El exministro de Planificación Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos por los que había sido acusado, y seguirá así. Héctor Garro, fue absuelto por el tribunal, pero fueron condenados los titulares durante tres gobiernos kirchneristas de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Raúl Daruich 3 años y seis meses), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses), José Raúl Santibáñez (4 años) y Juan Carlos Villafañe (cinco años).
Abel Fatala -que fue el segundo de José López en la secretaría de Obras Públicas, fue absuelto y seguirá así, al igual que Santiago Kirchner, primo de Néstor, que fue sobreseído.
Fuente: La Nación
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